Denunciamos la violencia estatal y la represión policial

Desde que inició la emergencia sanitaria debido a la pandemia de Covid-19 y el aislamiento social obligatorio se han multiplicado los casos de gatillo fácil, represión policial y abusos en lugares de detención.

Preocupa el despliegue de fuerzas represivas en el territorio para “cuidar” a la población y hacer cumplir las medidas de aislamiento. La prohibición de circulación es una excusa más para que agentes de diferentes fuerzas represivas ejerzan violencia sobre jóvenes racializadxs, mujeres, personas de la comunidad LGTTTBI+, pueblos indígenas, trabajadorxs precarizadxs y organizaciones sociales.

Según Correpi en los primeros 90 días del ASPO se contabilizaron 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios.

En la Provincia de Tucumán la policía ejecutó una desaparición forzada seguida de muerte a Luis Espinoza en el mes de mayo y en junio asesinaron por ahogamiento a Walter Ceferino Nadal. En los primero días de la cuarentena la fuerza policial de esa provincia reprimió y detuvo de manera indiscriminada en los barrios populares a cientos de personas para hacer cumplir la orden de «nadie en la calle».

Por su parte el aparato represivo de la policía cordobesa mantuvo su sistemático accionar de abusos y asesinatos a jóvenes en los barrios populares. Gastón Mirabal fue asesinado el 3 de junio y el 12 de junio Alejandro Amaya de 15 años fue herido de gravedad por disparos policiales al encontrarse en la calle de su barrio. El 4 de julio fue asesinado José Antonio Avila.

En la Ciudad de Buenos Aires fue asesinado el 27 de abril Rubén Sarso por la Policía de la Ciudad y el 17 de junio Facundo Escalso de 20 años fue asesinado por Gendarmería.

El abuso de las fuerzas policiales en complicidad con los estados municipales y provinciales, no se quedó atrás en la ciudad de Rosario, cuando en el mes de junio cientos de familias de la comunidad qom y moqoit, en uno de los barrios de la ciudad, reclamaron una respuesta a los pedidos que hace años vienen sosteniendo, sobre la falta de viviendas dignas y el hacinamiento que padecen desde hace décadas. Días previos a esos, en el mismo barrio, la policía entró abruptamente y con prácticas violentas y racistas, en horas de la madrugada, a domicilios particulares de familias qom, obligandolxs a salir a la vereda con bajas temperaturas y con lo que tenían puesto, llevándose dinero y electrodomésticos.
Unas semanas después la policía corrió a una veintena de jóvenes de Villa Banana que se encontraban en una de las canchitas de fútbol.

Capítulo aparte se merece la maldita policía Bonaerense que en el mes de junio, según la Comisión Provincial por la Memoria, asesinó a 18 personas, en su mayoría jóvenes de barrios populares. La misma policía que hace más de 70 días desapareció a Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich. Debemos nombrar también a Maximiliano Muñoz, de 31 años, fusilado el 19 de junio por un policía bonaerense en Merlo; a Santiago Santucho, de 17 años, asesinado por disparos de la policía en José C. Paz; a Gonzalo Borda, de 24 años asesinado en La Matanza el 20 de junio; a Alan Maidana en Berazategui asesinado el 24 de mayo; a Lucas Barrios asesinado en la Isla Maciel el 30 de mayo; a Augusto Itaurralde asesinado el 14 de junio en Plátanos y su amigo Diego Arzamendia asesinado a los pocos días en Berazategui. En la madrugada del viernes 10 de julio, oficiales de la bonaerense persiguieron y fusilaron a Lucas Nahuel Verón (18) en Villa Scaso, La Matanza.

Cabe señalar que el sistema judicial es cómplice en el armado de causas y nula investigación de los casos de gatillo fácil. Lxs abogadxs que patrocinan a las familias son amenazadxs y hostigadxs como la Gremial de Abogados en el caso de Marcos Bazan o del abogado de la familia Castro en la desaparición de Facundo. Observamos un funcionar sistemático donde familiares, amigxs y organizaciones populares que exigen justicia reciben presiones y persecución por parte del estado.

El aberrante hecho de violencia contra una familia Qom en Chaco ocurrida en mayo sigue impune, al haber liberado en las últimas horas a los policías acusados de tortura y vejaciones; a dos mujeres las abusaron sexualmente y a los varones los rociaron con alcohol, los amenazaron con prenderlxs fuego mientras les decían «indios infectados».
Los pueblos originarios y campesinos son hostigados de manera sistemática, en Santiago del Estero fue detenido de manera irregular Cariló Olaiz del Mocase en el mes de marzo. En Bariloche la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, fue reprimida por la policía en mayo. El poder estatal también ejerce presiones sobre Mirta Curruhuinca, madre de Lautaro Gonzalez Curruhinca, perseguido por haber participado en la recuperación territorial y ayudar a bajar el cuerpo de Rafael Nahuel luego de la represión de Prefectura en noviembre del 2017. En los últimos días, Mirta ha sido obligada a presentarse en el Ministerio de Seguridad sin la compañía de sus abogadxs, lo que se suma a los hostigamiento policiales que sufre desde hace años. En julio también la justicia racista dejó libre a los asesinos de Javier Chocobar en Tucuman, intregrante de la comunidad Indígena de Chuschagasta.

A su vez las personas que son detenidas son llevadas a Comisarías que no están en condiciones o habilitadas. En San Luis, Florencia Morales fue detenida el 5 de abril por romper la cuarentena y horas más tarde fue hallada muerta en su celda supuestamente habiéndose suicidado. El sábado 11 de julio falleció en Chascomús Raúl Dávila de 22 años víctima de un incendio en el calabozo de la comisaría donde estaba detenido por resistencia a la autoridad. Estas situaciones recuerdan a la Masacre de Pergamino y a la sistemática tortura y asesinatos a los que son sometidas las personas en los lugares de encierro.
Las cárceles cuentan con condiciones inhumanas y la tortura es un modo de castigo sistemático. La falta de acceso a condiciones de salubridad dieron lugar a protestas por parte de las personas detenidas al inicio de la cuarentena. El 22 de abril fue asesinado Federico Rey de 30 años, en la unidad penitenciaria 23 de Florencio Varela, ante la versión oficial que el joven murió en una pelea entre presos, la autopsia develó que fue asesinado por impactos de las balas de plomo de Servicio Penitenciario Bonaerense.

Particularmente la población travesti trans se encuentra en las peores condiciones, viendo vulnerados todos sus derechos, principalmente de acceso a la identidad, salud y trabajo. Mientras los genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad fueron beneficiados con prisión domiciliaria para cuidar su salud; travesti, trans y mujeres detenidas embarazadas o con sus hijxs pequeñxs que atraviesan enfermedades crónicas no recibieron ningún tipo de atención.

La violencia estatal también se evidencia en la nula o insuficiente detección, intervención y acompañamiento ante las situaciones de violencia de género. La reclusión en sus casas, ha dejado a miles de mujeres, niñxs y personas de la comunidad LGTBI+ a merced de sus agresores. En lo que va del 2020 se han cometido 162 feminicidios, 2 transfemicidios y 40 travesticidios sociales. Durante la pandemia las denuncias por violencia de género han aumentado un 40%. Las mujeres y personas de la comunidad LGTBI+ no solo sufren la violencia por parte de sus agresores, sino que el estado revictimiza al no tomar las denuncias en tiempo y forma o al entorpecer las investigaciones. Debemos nombrar la desaparición de Cecilia Basaldúa, en Capilla del Monte que no fue debidamente investigada y la familia y amigxs recibieron malos tratos por parte de la policial y sistema judicial. Cecilia fue hallada asesinada el 25 de abril de este año.
Por otro lado, muchos de los que ejercen violencia machista son agentes de las fuerzas represivas, según datos de años anteriores, uno de cada cinco femicidios fue cometido por agentes de las fuerzas represivas. Es el mismo estado el que les da el arma que utilizan para cometer los femicidios. Mujeres travestis y trans han sufrido detenciones en la calle, en las que se desconoce su identidad autopercibida y se ejerce violencia física, psicológica y sexual. Muchas fueron desalojadas violentamente de sus viviendas a inicios de la cuarentena. También necesitamos señalar los sistemáticos hostigamientos y persecuciones a trabajadorxs sexuales o en situación de prostitución, que son detenidxs con la excusa de violar el aislamiento.

Presenciamos un contexto de aumento de la difusión de discursos xenófobos, fascistas y de extrema derecha, que desde «con mis hijos no te metas» hasta «reprimir a los choriplaneros» promueven la violación de derechos humanos y justifican el accionar represivo del estado o la «justicia por mano propia».
Estas semanas el aumento de ataques a monumentos de la memoria por bandas fascistas se ha acrecentado, ejemplos como el ataque al mural por las compañeras detenidas desaparecidas Dorita Falco, María Delia Leiva y Teresa Israel en mayo en Capital Federal, el destrozo de la placa conmemorativa de la Revuelta de Stonewall en la ciudad de Córdoba, el destrozo del monumento a Osvaldo Bayer en Concepción del Uruguay en julio o el ataque a los pañuelos blancos en Plaza de Mayo en el marco de las «protestas» del 9 de Julio. Tampoco podemos pasar por alto la amenaza a referentes de la izquierda como los mensajes intimidatorios recibidos por Patricia Gonzáles en San Nicolás.
La desaparición forzada de personas en democracia es una realidad que ha persistido en todos los gobiernos desde 1983, el asesinato por acción u omisión por parte de las fuerzas de seguridad despliega una masacre sistemática hacia jóvenes de los barrios populares, mujeres, travestis y trans, pueblos originarios, campesinos y trabajadorxs organizadxs.

Esta situación nos convoca a movilizarnos en el pedido de justicia, pero también a reflexionar sobre el accionar estatal represivo. ¿Cómo ponemos en discusión el rol del estado, y cómo generamos respuestas desde la autonomía de los movimientos populares para las necesidades urgentes que tenemos? ¿Qué nociones sobre el cuidado y la seguridad se ponen en juego en nuestras construcciones y reclamos al estado? ¿Cómo inventamos nuevas maneras de seguridad desde los territorios, que nos permitan fortalecernos ante la violencia machista, defender y multiplicar las recuperaciones territoriales, que garanticen soberanía alimentaria, que promuevan pedagogías críticas, que construyan autonomía? Se han llevado adelante situaciones gravísimas de violación de derechos humanos, como la desaparición forzada de personas seguidas de muerte, casos de gatillo fácil, fusilamientos en cárceles, abusos y violaciones en comunidades indígenas. Todas situaciones que hubieran ameritado puebladas o movilizaciones masivas, pero que en el contexto del aislamiento obligatorio apenas movilizaron a lxs allegadxs directxs. ¿Qué acciones podemos llevar adelante? ¿Qué lugar le damos a la indignación popular? ¿Cómo recuperamos las experiencias de resistencias que se están realizando en distintos lugares del Abya Yala, y rompemos la naturalización de las fronteras y de la indignación?
¿Cómo inventamos nuevas maneras de exigir y garantizar justicia?
La lucha antirrepresiva es ardua, nos enfrenta a las peores prácticas del aparato represivo del estado. El sistema judicial posee múltiples artilugios para opacar sus acciones, desvirtuar y deslegitimar la voz de las víctimas y familiares, distraer y enredar en laberintos burocráticos que revictimizan incansablemente a familias y organizaciones populares. Sabemos que el sistema judicial es patriarcal, racista y capitalista. ¿Cómo nos organizamos para exigir justicia desde los pueblos? ¿Qué y cómo le pedimos al sistema judicial? ¿Cómo multiplicamos el ejemplo de las madres y abuelas para recrear la memoria, fortalecer la verdad, construir la justicia?
Ante el avance de los discursos de derecha conservadores, fascistas, en el mundo, debemos pensar cómo desde nuestras prácticas cotidianas disputamos esos sentidos. Desde el conservadurismo evangélico en los barrios, hasta la justificación de patotas paraestatales que atacan comunidades indígenas, mujeres, travestis y trans o migrantes, debemos promover respuestas unificadas y urgentes. ¿Cómo construimos una lucha plurinacional, antirracista, anticolonial, anticapitalista, antipatriarcal que pueda sortear los dogmatismos y las barreras impuestas por los sistemas de dominación?

Por todo ello decimos basta!
¡Exigimos juicio y castigo para todxs lxs agentes estatales que cometan violaciones de derechos humanos!.
¡Aparición de Facundo Astudillo Castro!
¡Basta de gatillo fácil!
¡Nunca más es Nunca más!

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